La Justicia habilitó el curso de la demanda presentada por consumidores, tras el paro que afectó el servicio entre el 5 y 13 de junio de 2017.
Córdoba01/04/2019
Redacción La NUEVA Mañana
El Juzgado en lo Civil y Comercial de 22° Nominación de la ciudad de Córdoba habilitó como “acción colectiva” a una demanda promovida por asociación civil “Usuarios y Consumidores Unidos” contra las empresas concesionarias del transporte urbano de la Capital.
La presentación solicita el pago de una multa de 5 millones de pesos por inclumplimiento de la prestación del servicio entre los días 5 a 13 de junio de 2017, jornadas en la que choferes de Ersa, Coniferal y Tamse llevaron adelante un paro para solicitar la reincorporación de despedidos.
El pedido de sanción se respalda también en la falta de información “clara, detallada y veraz” de las medidas que se estaban llevando a cabo a los efectos del restablecimiento de la circulación de unidades.
En ese sentido, la jueza Patricia Asrin consideró que, en principio, aparecen “elementos suficientes para entender que en la presente causa se encuentran comprometidos derechos individuales homogéneos” y determinó que el proceso sea sustanciado como colectivo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3, segundo párrafo, del Anexo II, del Acuerdo Reglamentario Nº 1499, Serie “A”.
La asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos pretende que el 80% del monto de la multa sea reintegrado a los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, que lo acrediten a través de la presentación oportuna de sus datos registrados en el sistema de tarjetas “Red Bus” de modo proporcional entre todos los acreditados. Asimismo, un 10% se emplearía para una campaña de concientización y educación de los usuarios y consumidores de la provincia de Córdoba. En tanto, el 10% restante se destinaría a la autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor en Córdoba.
Intentaron inscribirlo como postulante hasta la noche del lunes por el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-bol), pero la organización no tiene reconocimiento legal, explicó el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral.
Tras volver a terapia intensiva, en un primer momento estaba prevista una intervención quirúrgica, pero este martes se decidió utilizar otro método menos invasivo para controlar el cuadro médico de hidrocefalia.
A dos días del derrumbe del edificio María Reina V, ubicado en barrio Güemes, que terminó con la vida de un hombre, la Municipalidad presiona al consorcio para que elabore un plan de acción. El mantenimiento y las habilitaciones en el ojo de la Justicia.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) exige la equiparación salarial con la Justicia Federal y la eliminación del diferimiento previsional. A nivel nacional, la Federación lanzó una jornada de protesta en respaldo a los reclamos de los trabajadores cordobeses.
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El monto para quien aporte "información fidedigna y con grado de verosimilitud" ascendió a 12 millones de pesos. Cecilia desapareció en Capilla del Monte y su cuerpo fue hallado sin vida en un descampado. Aún se desconoce qué le ocurrió a la mujer.
La medida de fuerza de este martes se enmarca en la Semana Nacional de Protesta y Visibilización, anunciada por la Conadu. "El único plan del Gobierno es liquidar el salario docente y no docente, y vaciar las universidades", advierten desde Adiuc.
El predio provincial será de hasta 10.000 metros cuadrados y estará ubicado en el sector de la terminal de contenedores y cargas generales del puerto santafesino.
Gabriela Manfredi, ex dueña de un local que funcionaba en el mismo lugar donde cayó el revestimiento del edificio contó que la obra se desarrolló de manera "negligente". En 2012 inició una demanda contra la constructora Fito S.R.L. y la Justicia le dio la razón.
Desde ahora, la renovación o ampliación del carnet nacional de conducir se podrá realizar sin la necesidad de ir a un centro presencial. La Provincia se incorporó a la nueva normativa.
La investigación por el fatal derrumbe ocurrido el sábado, que provocó el fallecimiento de un hombre de 34 años, está en manos de la fiscal Celeste Blasco. La investigación avanzó con convocatoria de testigos, toma de testimonios y peritajes de Policía Judicial.
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El Juzgado Federal número 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Oscar Quirós, hizo lugar a una medida cautelar que había sido solicitada mediante un amparo colectivo, por personas y organizaciones de diversas provincias; entre ellas, Córdoba.
El conflicto lleva casi 50 días y las y los trabajadores despedidos denunciaron que este lunes no pudieron armar la carpa de protesta por los despidos injustificados y les impidieron el ingreso al hospital.
El programa pretende capacitar a más de 70 mil cordobeses. Está dirigido a personas de 16 años en adelante, sin tope de edad. El gobernador Martín Llaryora destacó que se trata de un programa de capacitación federal, que llegará a 300 municipios.
